Este artículo tendrá dos partes: una con los hechos, irrebatibles, y otra con una hipótesis, que por supuesto admite discusión y por la que no voy a poner la mano en el fuego. Solo con lo primero, lo que vivimos ayer en Cataluña ya sería de una gravedad extraordinaria, pero de confirmarse lo segundo, estaríamos ante lo más parecido a un fraude electoral que hayamos podido ver en nuestros más de 40 años de democracia.
Vamos con los hechos: las elecciones al Parlament de Catalunya no están aplazadas, están suspendidas, lo cual es muy diferente. En el decreto firmado ayer por Pere Aragonés, si de verdad hubiese habido una voluntad real de un aplazamiento técnico de las elecciones, que habría sido lo lógico teniendo en cuenta el pánico general que estaba cundiendo en la ciudadanía, simplemente se habría modificado la fecha de la convocatoria electoral. Pero eso no ha sucedido. Si vamos al Decreto 1/2021, de 15 de enero, por el que se deja sin efecto la celebración de las elecciones al Parlamento de Cataluña del 14 de febrero de 2021 debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia causada por la COVID-19, publicado en el Boletín Oficial del Estado, nos encontramos con que dice, textualmente:
“Artículo 1. Se deja sin efecto la celebración de las elecciones al Parlamento de Cataluña convocadas para el próximo 14 de febrero de 2021 por el Decreto 147/2020, de 21 de diciembre, de disolución automática del Parlamento de Cataluña y de convocatoria de elecciones.
Artículo 2. Las elecciones al Parlamento de Cataluña se convocarán para que tengan lugar el día 30 de mayo de 2021, previo análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública y de la evolución de la pandemia en el territorio de Cataluña, y con la deliberación previa del Gobierno, mediante decreto del vicepresidente del Gobierno en sustitución de la presidencia de la Generalitat.”
Es decir, no se han aplazado las elecciones, se han suspendido, y se deja en el aire una futura convocatoria electoral todavía no formalizada tras un análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud. Por tanto: la fecha no se cambia, sino que las elecciones que deberían de haber tenido lugar en febrero han quedado anuladas, a la espera de otra convocatoria futura.
Esto ya de por sí plantea muchos interrogantes porque, a diferencia de País Vasco o Galicia, donde hubo un adelanto electoral firmado por los presidentes de las respectivas Comunidades Autónomas, sino que las elecciones se convocaron de forma automática y obligatoria tras la inhabilitación de Quim Torra y después de que ningún grupo pudiese presentar un candidato que consiguiese la confianza del Parlament. ¿Puede un presidente en funciones autonómico desconvocar unas elecciones obligatorias que él mismo no ha convocado y en su lugar convocar otras para las que no tiene competencias? La LOREG no le permite hacer ni lo primero ni lo segundo, y con razón.
¿Y cuál es la diferencia entre un aplazamiento técnico y una nueva convocatoria, entonces? Pues que en el primer caso el proceso electoral que se estaba ya llevando a cabo se mantiene, en el segundo hay que volver a empezar todo de cero, incluyendo la presentación de candidaturas y listas electorales. Y ahora me quiero detener, porque a partir de aquí termina la parte de análisis jurídico y empieza la de opinión: probablemente esto sea justo lo que algunos estén buscando con esta suspensión y nueva convocatoria.
Anteayer mismo ABC publicaba que Junts per Catalunya iba a ofrecer a Esquerra Republicana una coalición electoral de cara a las elecciones de mayo, si finalmente se posponían. ¿Por qué ahora sí y antes no? Porque hasta hace un par de semanas, el independentismo se aseguraba una cómoda victoria en las elecciones catalanas, posiblemente incluso conseguirían su histórico objetivo de superar el 50% de los votos. Pero con la candidatura de Salvador Illa, el PSC ha experimentado un subidón en sus expectativas electorales, que de momento no es suficiente como para amenazar la mayoría de escaños independentista pero sí podría serlo para poder colocarse en primera posición. Y así como la victoria electoral de Inés Arrimadas en 2017 fue básicamente inútil, una victoria de los socialistas colocaría a Esquerra Republicana en la incómoda posición de tener que elegir entre su alma de izquierdas y pactar con el PSC o su alma independentista y pactar con un Junts per Catalunya que ya no era descartable que les adelantase en la última semana de campaña, de acuerdo con las tendencias. Un escenario que ambos querían evitar, los republicanos para evitar el dilema, los postconvergentes para evitar cualquier posibilidad de una alianza alternativa que los dejase fuera del Govern.
Este es un escenario que también le interesa a Ciudadanos, dado que su cabeza de lista, Carlos Carrizosa, aparece como el candidato peor valorado de los que se presentan, por detrás incluso de Ignacio Garriga de VOX. Y no es nada descartable que, si finalmente ningún tribunal tumba el decreto de ayer, veamos un cambio de última hora, para intentar salvar los muebles y evitar el hundimiento que prevén las encuestas. Lo que ha sucedido ya es lo suficientemente grave como para escandalizarnos, pero si esto saliera adelante, en resumen, estaríamos ante una ruptura de los principios democráticos equiparable incluso a lo que vivimos en Cataluña el 6 y 7 de septiembre de 2017: un cambio de las reglas del juego en mitad de la partida hecha exclusivamente con el fin de perjudicar al grupo político que iba en cabeza. No sería exagerado decir que estaríamos ante un intento de robar unas elecciones. Como si Trump finalmente hubiera conseguido salirse con la suya.
lopezvallet 